PROPIEDAD PRIVADA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

PROPIEDAD PRIVADA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

Por María Gabriela Rodríguez Ivanac

Propiedad privada es un término que los venezolanos creían conocer, ya que a lo largo de los últimos años su significado ha sido menospreciado y su importancia pisoteada. Entiéndase por propiedad, la facultad o el derecho de poseer algo y por propiedad privada el poder jurídico completo de una persona sobre una cosa.

En el ámbito formal, Venezuela arropa la idea de propiedad privada, pues está plasmada en la Constitución Bolivariana de Venezuela. El artículo 112 de dicha Constitución, aprobada por votación popular el 15 de diciembre de 1999, establece que: “(…) todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia (…)”. Por su parte, el artículo 115 señala que: “Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes”.

Pero, ¿es esto respetado en Venezuela?

El tema de la propiedad privada es uno de los principales problemas de los venezolanos desde hace más de diez años, ya que todo aquel ciudadano, que por naturaleza o artificio cuente con bienes propios, desde casas hasta empresas, pasando por hatos y propiedades vacacionales, está condenado a vivir con la preocupación y con la incertidumbre de no saber en qué momento puede perderlos. No es desconocido para nadie, que un gobierno como el que actualmente dirige a Venezuela, que sienta sus bases en el socialismo, promoviendo una nueva corriente denominada Socialismo del Siglo XXI, debe ser enemigo de lo privado, en favor de lo público. 

Actualmente, en el país sucede todo lo contrario a lo plasmado en la Constitución nacional. Desde el año 2001, y más aún desde que Hugo Chávez se reafirmó por primera vez como Presidente de la República en el año 2006, la propiedad privada ha sido víctima de acoso permanente por parte del régimen. El fallecido presidente Chávez, afirmó en reiteradas ocasiones, que era necesario acabar con las relaciones de producción capitalista, destruir las relaciones mercantiles, suplantar el valor de cambio por el valor de uso y, en fin, sustituir el capitalismo por el socialismo del siglo XXI. Esto en pocas palabras significa, que era necesario acabar con la propiedad privada.

El difunto Presidente cumpliendo con sus promesas, comenzó estatizando empresas privadas importantes. Nacionalizó empresas como la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), para controlar la producción de acero y cabillas, así como la Electricidad de Caracas, con el fin de manejar la energía eléctrica en la región central del país, entre otras muchas. Posteriormente, dio paso a las expropiaciones, transferencias coactivas de propiedades de un particular o ente privado a manos del Estado.

La Constitución Bolivariana de Venezuela, señala en su artículo 115 que:

“Por vía de excepción podrán ser objeto de  confiscación, mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales  jurídicas, nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público, los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Patrimonio Público y los bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes”.

Lo que significa, que solo en esas determinadas circunstancias, el gobierno está en la potestad de olvidar el derecho de propiedad privada y despojar a una persona o entidad de sus bienes, de lo contrario es un atropello.

Hugo Chávez, quien carecía de formalismos y a quien parecía no importarle lo plasmado en la Constitución, entre otras muchas empresas, expropió Agroisleña, la cual asesoraba y abastecía de abonos y fertilizantes a los productores agrícolas. Esta expropiación fue la medida más dura que tomó el ex mandatario contra el sector agrícola, según el gremio de Fedeagro. También fueron expropiados, Lácteos Los Andes, Aceites Diana y Café Fama de América, cada una de ellas con importancia en su respectiva área. Como si no fuera suficiente, estás empresas bajaron su rendimiento desde que pasaron a manos del gobierno bolivariano. Para el año 2013, la producción de Agroisleña, hoy Agropatria, cayó exponencialmente, consecuencia de ello  la escasez de sus productos y la necesidad del gobierno de importarlos.

Esas expropiaciones, así como otras que se efectuaron en las zonas rurales, se realizaron sin que sus dueños incurriesen en ningún delito y sin ninguna sentencia firme por parte de algún tribunal de la República. Estos atropellos a la propiedad privada se llevaron a cabo por la arbitrariedad y el capricho de un mandatario.

En Venezuela los derechos de propiedad se encuentran seriamente amenazados. Los actos arbitrarios por parte del Ejecutivo nacional se han incrementado. Las empresas privadas se encuentran con las manos atadas y son dependientes y sometidas por el régimen. Entes del Estado como el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), imponen multas y cierres de comercios y empresas arbitrariamente; y en el caso de organismos como el Centro de Comercio Exterior (CENCOEX), la entrega de divisas nacionales, para la importación de materia prima y productos, se realiza de forma selectiva y no equitativa, cuando todos los ciudadanos deberían tener acceso a ellas por derecho. Esto trae como consecuencia una gran escasez en materia prima y bienes, generando desabastecimiento.

Todo esto no es nuevo en el mundo. En el año 1891, el Sumo Pontífice León XIII, escribió la encíclica Rerum Novarum, en la cual hacía énfasis en la importancia de la propiedad privada para el ser humano. León XIII afirmaba que, “poseer algo privado como propio, es un derecho dado al hombre por naturaleza”, por lo tanto es ir en contra de la naturaleza humana eliminar la propiedad privada. 

Inclusive las leyes divinas amparan la propiedad privada: “No desearás la mujer de tu prójimo; ni la casa, ni el campo, ni la esclava, ni el buey, ni el asno, ni nada de lo que es suyo” (Dt. 5,21).

Así es como Venezuela, una vez más, vuelve a repetir un error de sociedades pasadas, pensando que es la solución a los problemas, cuando realmente los empeora. El Estado no puede subsistir sin la empresa privada, y esta última genera empleos a través de los cuales personas trabajadoras pueden proporcionarse bienes propios, frutos de su trabajo. El mal repetido discurso, de que todo debería ser de todos y que los ricos son malos, es totalmente errado. La historia se ha encargado de demostrarnos que las clases sociales deben existir y complementarse, no son rivales. De esta situación, según León XIII, “se sirven los hombres turbulentos y astutos para torcer el juicio de la verdad y para incitar sediciosamente a las turbas”.

En Venezuela el derecho de propiedad se garantiza en la Constitución de la República, pero en la práctica definitivamente no es así. Es por eso que se puede decir que la propiedad privada existe en Venezuela, pero está en peligro de extinción.

Foto cortesía www.lucasblancoacosta.com