Por
Anakarina Fajardo.
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La institucionalización y la
actividad comunicacional: legados de la Edad Moderna que se complementan entre
sí, pero, ¿de qué manera?
Primeramente,
con el fin de puntualizar la relevancia de las instituciones para el ejercicio
de la comunicación - en este caso, masiva -, es indispensable aclarar que estas se tratan de mecanismos de
orden social, cooperativo y normativo que tienen como objetivo condicionar las
acciones e interacciones de determinados grupos de individuos en relación con
su ambiente, basándose en ciertas ideas y valores. De igual forma, debe
resaltarse que, a lo largo de la historia, ha sido inmensa la influencia de los
medios de comunicación sobre la sociedad, ya que consisten en instrumentos
masivos encargados de reflejar transparentemente la realidad, formando ciertos
conceptos y opiniones en el entendimiento de los ciudadanos.
Los
medios de comunicación respetuosos de los derechos humanos y apegados a las
normas de control mediático establecidas en la nación fortalecen la democracia;
sin embargo, estos deben ser regulados y supervisados por las instituciones del
Estado – para efectos de este artículo, entidades jurídico-políticas
–, las
cuales contribuirán con la consolidación democrática siempre y cuando se acoplen
a la legalidad, mantengan su honradez y rechacen el personalismo político,
puesto que ningún ideal debe ir por encima de otro. Asimismo, dichos sistemas
deben fomentar la lucha contra la corrupción, garantizar el derecho a la
libertad de expresión, asegurar el acceso a la información pública, entre otros
elementos indispensables para el ejercicio periodístico.
Entre las
distintas instituciones pertenecientes al Poder Público debe existir un grado
interno de respeto y de transparencia que se refleje en la práctica de sus
funciones, ya que si la corrupción se encuentra latente en un sistema
determinado, es imposible que este realice decentemente sus obligaciones con la
sociedad. Tal es el caso de las fuerzas del Estado cuando,
conscientes del poder de la comunicación, abusan fácilmente de su autoridad al
oprimir y censurar injustamente a aquellos medios que catalogan como
conspiradores o alteradores de la paz pública, debido a que conocen su gran potencial
para movilizar a las masas en una dirección contraria a los intereses gubernamentales.
En el caso de Venezuela, la Constitución en su artículo 58 asegura que “Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura…”. No obstante, es evidente la manipulación que el Estado ejerce sobre la población al valerse de las instituciones para originar el gran desequilibrio informativo que existe hoy día y contribuir con el proceso de desinstitucionalización, el cual no es compatible con los ideales del Mundo Moderno.
La
enorme influencia de la comunicación social es un arma de doble filo:
informando equitativamente o tergiversando, la humanidad siempre sufrirá las
consecuencias y orientará su ideología y sus opiniones en una determinada
dirección. Aquí radica la importancia de que el individuo sea capaz de criticar
reflexivamente y de impedir que la censura mediática lo convierta en un simple
súbdito de aquellos que poseen el control, lo cual equilibraría la sociedad y
disminuiría la población carente de impulsos protestantes ante las injusticias.
En
resumen, se puede percibir que, si bien la relevancia de las instituciones
jurídicas y políticas radica en gran medida en la garantía de la libertad
informativa que estas deben ofrecer a los medios, la reputación del Estado dependerá también de la
influencia social del mundo mediático. Puede decirse entonces que los medios de
comunicación son para los gobiernos, actualmente, lo que el feudo era para las
monarquías en el Medioevo: herramientas para llegar al poder y mantenerse allí.
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