“Ninguna tiranía es más intolerable que la que se ejerce al amparo de las leyes arbitrariamente interpretadas, ni ningún asesino es tan odioso como el juez que hiere con la espada de la injusticia”
Esta afirmación tan importante la realiza Rafael Fernando Seijas en su obra “El Presidente”, donde efectúa una crítica a los abusos de los gobiernos autocráticos, explicando la tiranía y finalizando con una advertencia a los venezolanos de estar atentos para no caer nuevamente en este tipo de régimen político.
En uno de sus capítulos, explica cómo se da la administración de la justicia en aquellos regímenes dictatoriales y es allí donde afirma lo citado al inicio de este artículo, explicando el mal uso de las leyes por parte del mandatario, guiado por un sistema judicial corrupto que no cuenta con una autonomía en el uso de sus poderes, por lo que falla en la aplicación correcta de la justicia.
Es producto de la modernidad la separación de poderes, es decir, que los cargos, decisiones y mandatos ejercidos por los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, se mantengan uno fuera de otro, que no exista intervención de ningún tipo.
Sin embargo, ¿qué ocurre con un país donde es el presidente quien nombra a los jueces, bajo la facultad otorgada por la Constitución? Se nulifica y se corrompe la justicia, esto se da ya sea porque los jueces nombrados obedecen a una determinada ideología o partido político (el mismo del presidente) o porque estos acatan las indicaciones del mandatario con el fin de no perder su empleo.
Ambas razones, previamente comentadas por Seijas en su libro en 1890, se pueden ver claramente en la actualidad de Venezuela en el 2015. Donde se cuenta con un sistema judicial netamente oficialista, donde incluso el que se hace llamar Defensor del Pueblo, solo defiende los intereses de unos y no los de todos. En 16 años de mandato de la supuesta V República, se ha demostrado la influencia que han tenido los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en las decisiones de quién va preso y quién no, a quiénes se les aplica la ley completamente y a quiénes se exoneran de ellas. Presos políticos llenan las cárceles sin motivo alguno, mientras que los verdaderos delincuentes se encuentran en cargos públicos y políticos.
Ante esta incorrecta administración de la justicia, Rafael Fernando Seijas indica lo que se debería hacer en su lugar: "La balanza de la justicia debe mantenerse por la moral en perfecto equilibrio entre los ciudadanos y sobre todo entre los Partidos. Al efecto, el juez debe ser nombrado por el elección popular, ser inamovible y bien pago, para que sea aquella bien administrada, y no tema el ciudadano buscar en ella justa reparación de sus agravios".
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