"Que el poder detenga al poder"

"Que el poder detenga al poder"

 Por Anakarina Fajardo.

Imagen de gipom.com

   Todo gobierno íntegro debe analizar si el ejercicio de su autoridad está beneficiando o perjudicando a la nación, para decidir si darles o no continuidad a las medidas que ha aplicado durante su mandato; sin embargo, el verdadero valor de esta acción radica en escoger la justicia y la sinceridad, pudiendo dar prioridad a la corrupción y la ambición. 

  Los poderes del Estado deben ser como los colores del arcoíris, pues estos, formando algo más grande, dejan notar su diferencia...

   En el caso venezolano, por ejemplo, al inicio de la presidencia de Hugo Chávez Frías en 1999 eran cada vez más altas las expectativas que existían sobre la posibilidad de que se pudiese instaurar un orden más democrático y generar mayor bienestar e igualdad sociopolítica, pues la población logró vislumbrar la revolución que aseguraba necesitar gracias al desplazamiento de las viejas élites; la renovación de normas, instituciones y valores del sistema; el juramento de un mayor amparo de la participación ciudadana en las decisiones del Estado, insistiendo en la construcción del poder del pueblo; entre otras medidas. No obstante, independientemente del apoyo general de los sectores populares con el que contó Chávez, a medida que avanzaba su período gubernamental, se hacía más notoria la polarización política entre la población, disminuía la rendición de cuentas del Estado a la sociedad, y se intensificaban las denuncias hechas por opositores al oficialismo sobre las irregularidades en los comicios y acerca del irrespeto al carácter secreto del voto. Aunque en nuestra Constitución se dicta la intención de refundar “un Estado de justicia, federal y descentralizado” que asegure el resguardo de la dignidad humana, las instituciones carecían de independencia y autonomía porque, en realidad, el poder se concentraba en la voluntad de un solo hombre. Al respecto, el docente Orlando Pérez (2014) advirtió que la violación sistemática del principio de separación de poderes implica un alto peligro para la democracia liberal, pues esta requiere de un sistema institucional donde la independencia de los poderes políticos se mantenga bajo procesos de pesos y contrapesos para que ningún poder del Estado pueda dominar las otras instituciones. 

   Podemos percibir que la necesidad de la separación de poderes ha sido una idea verdaderamente trascendente al paso de los siglos, ya que diversos intelectuales han percibido y hasta vivido los peligros de las tiranías. Tal es el caso de Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu quien, mediante su obra “El Espíritu de las Leyes” (1748), aseguró que “Es una experiencia eterna que todo hombre que tiene el poder se ve llevado a abusar del mismo… Para que no pueda abusar del poder, es preciso, que por disposición de las cosas, el poder detenga al poder…”. De la misma manera, el ilustre escritor y filósofo ginebrino, Jean-Jacques Rousseau indicó en “El Contrato Social” de 1762 que “…el que manda a los hombres no debe mandar a las leyes, tampoco el que manda a las leyes debe mandar a los hombres; de lo contrario sus leyes, instrumentos de sus pasiones, no harían más que perpetuar injusticias…”.

   Cuando el amparo de una serie de principios en pro de la dignidad humana es asegurado, en un comienzo, a través del discurso manipulador de gobiernos que, posteriormente, incumplen sus juramentos iniciales mediante sus acciones, el Estado crea un marco de corrupción consentido, especialmente, por el Poder Judicial, quien, siguiendo la voluntad del líder, pasa por alto todo cuanto se refiere a enjuiciamientos de miembros del Ejecutivo por abuso del poder. 

   Para Venezuela, teniendo presente que cada una de las divisiones del poder estatal es tan significativa como las demás y considerando que ninguna puede imponerse sobre los organismos públicos, resulta incuestionable la indispensabilidad de propulsar una educación que, efectivamente, fortifique la concepción de la democracia como un sistema donde esta separación de poderes, la independencia de los organismos, la institucionalidad democrática, la tolerancia política y los pesos y contrapesos sean valorados por encima de las políticas cortoplacistas, para dejar de lado las prácticas personalistas y con el objetivo de que la población escoja críticamente a los diputados que la representarán en la Asamblea Nacional, pues estos son los encargados de elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el organismo que, a su vez, debe garantizar el respeto de la ley por parte de cualquier venezolano – sea político, civil o militar –. De esta manera, aumentaría la concientización ciudadana y se obtendría un grupo de profesionales competentes que demanden la garantía de sus derechos, cumplan con sus deberes y luchen por una mejor Venezuela, pues es evidente que uno de los factores estrechamente ligados al subdesarrollo nacional es la deficiencia educacional; además, se constituiría el Estado de Derecho propicio para que cada uno de los habitantes de la nación desarrolle su proyecto de vida a plenitud.

Los poderes del Estado deben ser como los colores del arcoíris, pues estos, formando algo más grande, dejan notar su diferencia...

Referencias bibliográficas

Montesquieu, C. (1748) “El Espíritu de las leyes”. [Versión electrónica] Recuperado el 23 marzo 2015 de, https://archivosociologico.files.wordpress.com/2010/04/charles-louis-montesquieu-el-espiritu-de-las-leyes.pdf

Pérez, O. (2014) “Populismo se opone a la institucionalidad”. [Versión electrónica] La Prensa. Recuperado el 23 marzo 2015 de, http://www.vanderbilt.edu/lapop/news/032814impresaprensacom.pdf

Rousseau, J. (1762) “El Contrato Social”. [Versión electrónica] Recuperado el 23 marzo 2015 de, http://www.enxarxa.com/biblioteca/ROUSSEAU%20El%20Contrato%20Social.pdf